Ángel Ron, al borde del banquillo tras las graves acusaciones del Banco de España y el BCE

El expresidente del Banco Popular, Ángel Ron, tiene prácticamente imposible eludir el banquillo en la causa que se instruye en la Audiencia nacional después de las graves acusaciones efectuadas tanto por el Banco de España como por el Banco Central Europeo (BCE) este martes. Ambos aseguran que la entidad ya cometía irregularidades contables en 2012, que las cuentas de la ampliación de 2016 no reflejaban su situación real por un fuerte déficit (agujero) de provisiones y que mintió a los supervisores.

Uno de los inspectores del BCE destinados en Popular, Ignacio Pardo, declaró ayer ante el juez José Luis Calama que la entidad presentaba una gran cantidad de créditos refinanciados calificados en situación normal y que debían considerarse morosos, lo cual provocaba un déficit de provisiones «significativo y material» (1.824 millones en 2014) que le habría obligado a apuntarse pérdidas y a reducir sus niveles de capital. El BCE también detectó un importante agujero en las dotaciones para inmuebles adjudicados. «Las debilidades eran significativas y tenían impacto en el capital que debía tener Banco Popular», sentenció.

A su juicio, el Banco Popular incumplió la normativa contable. De hecho, considera que debería haber entrado en pérdidas en 2015, que fueron las cuentas que el banco utilizó para la ampliación de capital de 2.500 millones en 2016. En cambio, presentó beneficios, lo que llevó a engaño a cientos de miles de accionistas y puede ser constitutivo de un delito de falsedad contable, que es lo que investiga Calama.

Asimismo, Pardo relató que el BCE (que se hizo cargo de su supervisión desde 2014) insistió en repetidas ocasiones a la entidad para que subsanara estas irregularidades, pero no le hizo caso, y que ésta no explicaba las razones que las justificaban. Incluso engañó al Banco de España en 2014 porque le dijo que ya había realizado las reclasificaciones exigidas con las pérdidas correspondientes en 2013, cuando no era cierto.

También mintió en la financiación de acciones

Según este inspector, el BCE consideraba que el propio Ron era «una figura controvertida» porque había estado en el banco desde que se gestó la crisis inmobiliaria. Asimismo, detectaron la financiación de acciones en la ampliación de 2016 (otra irregularidad que investiga Calama) y pidieron que se restara del capital como impone la norma, pero el banco también mintió negando esta práctica.

Finalmente, Pardo también considera que Thesan, la trama que montó Ron en Luxemburgo para ocultar las pérdidas en empresas refinanciadas, debería haberse consolidado en el balance del Popular, con un fuerte impacto en su cuenta de resultados.

Precisamente, el informe elaborado por dos inspectores del Banco de España como peritos judiciales, también remitido ayer a la Audiencia, se centra en la cuestión de Luxemburgo, para concluir que «las dificultades de las sociedades donde Thesan tomaba una participación, hacían que la clasificación de sus operaciones debía ser la de dudoso [es decir, moroso] desde 2012. Dado que esta no era la clasificación en el balance de Banco Popular, era necesario incrementar el saldo de dudosos en 876 millones de euros. Lo anterior, conllevaba un déficit de provisiones que estimamos en 521 M€».

La trama de Thesan evitó la quiebra del Popular

De esto se deduce que las irregularidades ya se daban en la primera ampliación de capital que realizó el Popular en 2012, pero que Calama decidió no investigar. Asimismo, señala la responsabilidad del auditor, PwC, porque entiende que «se precisaría una salvedad en los informes de auditoría hasta este año al ser el déficit muy superior al importe establecido a efectos de valorar la materialidad de los ajustes». Pardo también considera que el auditor debería haber exigido un nivel de provisiones superior.

«Destacamos que Banco Popular no actualizaba la valoración de las garantías o que, cuando lo hacía, solicitaba informes no compatibles con la normativa contable bancaria, lo que resultaba en valores alejados de los valores razonables de los activos», sostienen los inspectores Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández.

Y añade que «por último, queremos resaltar que hemos observado otras actuaciones que podrían derivar en responsabilidad para Banco Popular sin que se haya aportado documentación analizando las consecuencias jurídicas de las mismas, en concreto: Incremento de los valores de los activos en la contabilidad de sociedades refinanciadas donde Thesan pasa a formar parte del accionariado lo que ayuda a evitar la causa legal de disolución» y «las posibles consecuencias fiscales de esos incrementos».